Respuesta:
Creación y mantenimiento de un marco de leyes, estatutos, reglamentos y prácticas de carácter administrativo, en consonancia con las normas internacionales de protección de los DDHH y las libertades públicas.
Protección concreta, en la legislación y en la práctica, de los derechos de la sociedad civil (libertad de opinión, de expresión, de reunión pacífica y de asociación y el derecho a participar en los asuntos públicos, incluido Internet).
Revisión, derogación o modificación de todas las disposiciones legales que obstaculicen la labor libre e independiente de la sociedad civil.
Explicación:
